FUERTE RESPALDO AL FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO EN DIPUTADOS, PESE AL RECHAZO DE GARRAMUÑO Y PAULI
PROVINCIAL.- En una jornada clave para el futuro de la educación superior en Argentina, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que garantiza el aumento y la actualización del presupuesto destinado a las universidades nacionales. La iniciativa obtuvo, 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, en lo que fue interpretado como un revés político para el gobierno de Javier Milei, que había rechazado de plano la propuesta.
En Tierra del Fuego, el resultado dejó en evidencia un marcado contraste entre los legisladores que representan a la provincia. Mientras Jorge Araujo, Andrea Freites y Carolina Yutrovic, de Unión por la Patria, votaron a favor de defender la educación pública.
Mientras que Ricardo Garramuño y Santiago Pauli, optaron por el rechazo, alineándose con la postura del oficialismo libertario. La actitud de Garramuño y Pauli generó malestar en diversos sectores académicos y sociales, que los acusan de actuar con una preocupante falta de empatía frente al dramático deterioro que atraviesan las universidades públicas. En un contexto donde las casas de estudio luchan por mantener abiertas sus puertas y sostener la calidad educativa con presupuestos congelados, su voto negativo fue interpretado como una indiferencia alarmante hacia los derechos de miles de estudiantes, docentes e investigadores.
Lejos de representar los intereses y necesidades de la comunidad fueguina, sus posturas reflejan una visión ideológica que pone en riesgo pilares fundamentales del sistema democrático, como el acceso igualitario al conocimiento y la movilidad social. “La universidad pública está en emergencia. Votar en contra de su financiamiento no es solo una decisión política: es una forma de darle la espalda a generaciones enteras”, señaló un docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego tras conocerse el resultado.
Mientras tanto, el proyecto aprobado en Diputados será girado en las próximas horas al Senado, donde todo indica que contará con el respaldo necesario para convertirse en ley. De concretarse, será un paso vital para asegurar el funcionamiento de las universidades nacionales y sostener uno de los principales motores de inclusión y desarrollo del país.
