LA LEGISLATURA AVANZA SOBRE LA CAJA PROVINCIAL: APRUEBAN TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS Y PONEN EN JAQUE AL GOBIERNO
Impulsada por el PJ, la nueva ley obliga a la Provincia a girar fondos coparticipables a diario a los municipios. El Ejecutivo queda condicionado en su manejo financiero en medio de una creciente tensión política.
PROVINCIAL.- En un nuevo capítulo de alta tensión política, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó una ley que establece la transferencia automática y diaria de fondos coparticipables desde el Gobierno provincial hacia los tres municipios, una medida que impacta de lleno en la administración financiera del Ejecutivo.
El proyecto, impulsado por el bloque del Partido Justicialista, fue aprobado con el acompañamiento del Movimiento Popular Fueguino, Somos Fueguinos, Provincia Grande y el Partido Verde, consolidando una mayoría que avanzó sobre un aspecto sensible de la gestión: el control de la caja provincial.
En contrapartida, los bloques de La Libertad Avanza, Somos Tolhuin y FORJA votaron en contra, advirtiendo sobre las consecuencias que podría generar esta medida en el equilibrio fiscal de la provincia.
La norma establece un mecanismo de giro automático diario de los fondos coparticipables, lo que reduce significativamente el margen de maniobra del Ejecutivo para administrar los recursos, planificar pagos y afrontar contingencias económicas.
Desde distintos sectores políticos ya se advierte que esta decisión podría “ahorcar” financieramente al Gobierno, en un contexto donde la provincia necesita flexibilidad para sostener servicios, salarios y compromisos asumidos.
El trasfondo de la medida no es menor: se da en medio de un clima de fuerte confrontación entre el Ejecutivo y la Legislatura, que en las últimas horas también avanzó en la derogación de la ley que habilitaba la reforma constitucional, profundizando el escenario de conflicto institucional.
Analistas coinciden en que la combinación de ambas decisiones la disputa por la reforma y la nueva ley de coparticipación configura un escenario complejo, donde el Gobierno queda políticamente condicionado y económicamente limitado.
A partir de ahora, se abre un interrogante clave: cómo podrá el Ejecutivo sostener su esquema financiero con un flujo de fondos más rígido y sin capacidad de administración discrecional en un contexto de alta incertidumbre.
El impacto real de la medida comenzará a sentirse en el corto plazo, mientras crecen las versiones de posibles acciones judiciales y nuevas tensiones entre los poderes del Estado. Tierra del Fuego ingresa así en una etapa de máxima sensibilidad política, con consecuencias que podrían extenderse mucho más allá del ámbito institucional.
