LA LEGISLATURA VOLVIÓ A RECHAZAR EL VETO DE MELELLA Y PROFUNDIZA EL CONFLICTO POR LA REFORMA CONSTITUCIONAL
El bloque FORJA quedó en minoría tras la insistencia de 11 legisladores en derogar la ley que habilitaba la elección de convencionales constituyentes. Federico Greve defendió la convocatoria y anticipó que el Ejecutivo judicializará la decisión para intentar sostener el proceso electoral.
RIO GRANDE.- La Legislatura provincial volvió a marcarle un límite político al gobernador Gustavo Melella al insistir con la derogación de la Ley 1529, dejando sin efecto el llamado a elecciones de convencionales constituyentes previsto para el 9 de agosto. Con 11 votos, la mayoría parlamentaria rechazó nuevamente el veto del Ejecutivo, profundizando un escenario de fuerte tensión institucional.
Desde el bloque FORJA, el legislador Federico Greve cuestionó con dureza la decisión y ratificó la postura oficialista de avanzar con la reforma constitucional. “La mayoría de la Legislatura decidió insistir con la derogación, pero nosotros entendemos que esta ley es constitucional y que el proceso electoral debe continuar”, afirmó.
En ese sentido, el parlamentario explicó que la norma original “ya cumplió su objeto” al habilitar el llamado a elecciones, y remarcó que el Ejecutivo avanzó posteriormente con el decreto de convocatoria. “No hay marcha atrás. Estamos hablando del derecho a elegir y ser elegidos, de la conformación del poder constituyente, que está por encima de los tres poderes del Estado”, sostuvo.
Judicialización en puerta
Greve anticipó que el conflicto se trasladará al ámbito judicial. “Esta normativa va a ser judicializada por el Ejecutivo y esperamos que la Justicia actúe con la celeridad necesaria para poder continuar con la elección”, indicó.
En ese marco, advirtió sobre las consecuencias institucionales de la decisión legislativa: “Si esta derogación fuera válida, cualquier mayoría circunstancial podría suspender una elección incluso un día antes de realizarse. Eso atenta contra la seguridad jurídica”.
El legislador recordó además antecedentes recientes en los que la Justicia ya se expidió sobre la constitucionalidad de la Ley 1529, lo que, según su interpretación, refuerza la legitimidad del proceso impulsado por el Gobierno.
Fuerte crítica a la oposición
En clave política, Greve apuntó directamente contra los bloques que rechazaron la reforma y los acusó de evitar el debate de fondo. “No quieren ir a elecciones ni discutir los temas importantes de la provincia. Hablan del gasto, pero no explican cuánto es ni cuál sería el impacto real”, disparó.
Asimismo, sostuvo que detrás del rechazo existen intereses vinculados a la preservación de privilegios. “Hay sectores que quieren mantener cargos y estructuras sin cambios. La reforma apunta justamente a ordenar el Estado, evitar duplicaciones y mejorar la eficiencia del gasto público”, expresó.
Entre los ejes que el oficialismo buscaba incorporar a la reforma, mencionó la limitación de reelecciones indefinidas, la eliminación de superposiciones entre jurisdicciones y la posibilidad de fijar reglas más claras para el funcionamiento del Estado en el largo plazo.
Un conflicto abierto
Con el rechazo legislativo firme y la inminente judicialización, el futuro de la reforma constitucional quedó envuelto en incertidumbre. Mientras el oficialismo insiste en avanzar con el cronograma electoral, la oposición logró imponer su mayoría para frenar el proceso en el ámbito parlamentario.
El desenlace, ahora, dependerá de los tiempos y definiciones de la Justicia, en medio de una disputa que combina argumentos jurídicos con una fuerte pulseada política por el rumbo institucional de la provincia.
