“REFORMA EN MARCHA Y SIN MARCHA ATRÁS: DOS SANTOS CRUZÓ A LA OPOSICIÓN Y DEFENDIÓ LA INSTITUCIONALIDAD”

La legisladora de Sumemos Tolhuin sostuvo que la derogación de la ley de reforma constitucional “ya no tiene sentido” y advirtió que insistir en ese camino solo generaría más judicialización y trabas al proceso.

TOLHUIN.-   En medio de la creciente tensión política por el futuro de la reforma de la Constitución provincial, la legisladora de Sumemos Tolhuin, Gisela Dos Santos, salió con firmeza a respaldar el proceso en curso y a cuestionar los intentos de la oposición por frenarlo en la Legislatura.

Dos Santos fue categórica al afirmar que impulsar la derogación de la ley vinculada a la reforma constitucional “ya no tiene sentido”, al considerar que el proceso ya se encuentra plenamente vigente y avalado por las instituciones. En ese marco, recordó que el Superior Tribunal de Justicia ya se expidió sobre la constitucionalidad de la norma, despejando dudas legales y consolidando el camino iniciado.

La parlamentaria remarcó además que el Poder Ejecutivo cuenta con la facultad de convocar a elecciones para convencionales constituyentes, lo que refuerza según sostuvo la legitimidad del proceso institucional en marcha.

En tono crítico hacia los sectores que buscan revertir lo actuado, Dos Santos advirtió que insistir con una nueva derogación no solo resulta improcedente, sino que podría entorpecer el funcionamiento institucional. “Lo único que se lograría es dilatar los tiempos y abrir la puerta a una nueva instancia de judicialización”, planteó.

Asimismo, puso en duda la viabilidad política de la iniciativa opositora al señalar que difícilmente alcance los diez votos necesarios dentro de la Legislatura, lo que expone a su entender más una estrategia política que una posibilidad concreta de modificar el escenario actual.

Finalmente, la legisladora fueguina cerró su postura con una definición contundente: “El debate ya está concluido desde el punto de vista legal e institucional”, marcando así una clara línea divisoria entre quienes consideran cerrado el proceso y quienes aún intentan reabrir la discusión en el ámbito legislativo.