MÁS DE $1 BILLÓN PARA RUTAS TERMINÓ EN INVERSIONES FINANCIERAS: DENUNCIAN PENALMENTE EL MANEJO DE LOS FONDOS
El fideicomiso creado para financiar obras viales recaudó $1,5 billones durante el gobierno de Javier Milei, pero sólo $394.406 millones fueron destinados a obras. Al cierre de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos.
NACIONAL.- Una investigación basada en documentación oficial puso bajo la lupa el manejo del Sistema Vial Integrado (SisVial), el fideicomiso que recibe recursos provenientes del impuesto a los combustibles y que tiene como destino específico la construcción, mantenimiento y rehabilitación de las rutas nacionales.
Los números son contundentes: desde 2024 hasta mayo de 2026, el sistema recaudó $1.503.252 millones, pero sólo ejecutó $394.406 millones en obras viales, lo que representa una subejecución del 73,8%.
El dato más llamativo aparece en el destino del dinero. Al 31 de mayo de 2026, el SisVial tenía $1.001.018 millones invertidos financieramente: $854.234 millones en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos. A esto se sumaban otros $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente.
La situación adquiere mayor relevancia al observar que, durante marzo de este año, mientras apenas $1.090 millones fueron destinados a obras viales, la cartera de inversiones financieras aumentó en $83.840 millones.
La documentación también muestra que durante 2025 se produjo un fuerte giro desde los plazos fijos hacia títulos públicos. Para diciembre de ese año, el 100% de los $664.494 millones de la cartera estaba colocado en letras del Tesoro.
El manejo de estos recursos quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario y ejecuta las instrucciones recibidas.
Todo esto ocurre mientras continúan los reclamos por el deterioro de las rutas nacionales. Un informe de trabajadores de Vialidad Nacional estimó que entre el 65% y el 70% de las rutas se encuentran en estado regular o malo.
La presentación de una denuncia penal por el manejo de estos fondos coloca ahora la cuestión en otro escenario: determinar quién tomó las decisiones, bajo qué criterios se realizaron las inversiones y si se respetó el destino específico para el cual fueron recaudados los recursos.
Por ahora, los números dejan una pregunta difícil de esquivar:
