ARAUJO PROPONE CREAR UNA COMISIÓN INVESTIGADORA POR LA INTERVENCIÓN DEL PUERTO DE USHUAIA
El diputado nacional presentó el proyecto de resolución 5527-D-2026 para investigar la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la Resolución 4/2026. La iniciativa se impulsa tras una serie de pedidos de informes que, según los fundamentos del proyecto, no han recibido respuesta del Poder Ejecutivo Nacional.
BUENOS AIRES.- El diputado nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Jorge Neri Araujo Hernández, presentó el proyecto de resolución 5527-D-2026, mediante el cual propone crear una Comisión Especial Investigadora sobre la intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), mediante la Resolución 4/2026, firmada por su director ejecutivo, Iñaki Miguel Arreseygor.
La iniciativa busca esclarecer los fundamentos de la medida, examinar los procedimientos administrativos que condujeron a su adopción, analizar su legalidad y evaluar sus consecuencias institucionales, económicas, laborales y operativas. El objetivo es dotar al Congreso de una herramienta específica para ejercer sus funciones de control sobre una infraestructura estratégica para Tierra del Fuego y para el conjunto de la Argentina.
El proyecto contempla la conformación de una comisión integrada por 15 diputados nacionales, procurando garantizar la representación proporcional de los bloques parlamentarios. Entre sus principales funciones se encuentran investigar los antecedentes y procedimientos que dieron lugar a la intervención; analizar la legalidad de la medida, su adecuación al régimen portuario vigente y su compatibilidad con el sistema federal y las competencias provinciales y municipales.
Asimismo, la Comisión deberá examinar la gestión administrativa, económica y financiera del puerto durante la intervención, y evaluar las consecuencias de la medida sobre la actividad portuaria, el empleo, la continuidad de los servicios y los sectores productivos vinculados. Otro de los ejes centrales será el análisis del impacto sobre la logística antártica y la proyección estratégica argentina en el Atlántico Sur, considerando el papel que cumple Ushuaia en el abastecimiento de bases científicas, las operaciones de apoyo logístico y la recepción de expediciones y cruceros internacionales.
Para desarrollar su tarea, la Comisión estará facultada para requerir informes y documentación, convocar a funcionarios y autoridades competentes, recibir testimonios y presentaciones, y solicitar la colaboración de organismos de control y especialistas. Asimismo, el proyecto establece que deberá presentar un informe final ante la Cámara de Diputados dentro de los 90 días corridos desde su constitución, con posibilidad de una única prórroga de 60 días. El documento deberá detallar los antecedentes examinados, las conclusiones alcanzadas y las recomendaciones correspondientes.
La iniciativa es resultado de una línea de trabajo parlamentario sostenida por Araujo Hernández y otros legisladores para obtener información oficial y explicaciones sobre la intervención del Puerto de Ushuaia. Entre los antecedentes se encuentran los expedientes 7187-D-2025, mediante el cual el diputado solicitó convocar a una reunión informativa pública en la Comisión de Transportes, y el 0103-D-2026, que reiteró ese planteo. A estas iniciativas se suman distintos pedidos de informes suscriptos por el diputado junto con otros legisladores:
- Expediente 7144-D-2025: solicitud de información al Poder Ejecutivo Nacional sobre distintas cuestiones relacionadas con la intervención.
- Expediente 0626-D-2026: requerimiento de precisiones oficiales sobre la medida y sus implicancias.
- Expediente 0870-D-2026: pedido de informes sobre la intervención y su vinculación con la incorporación de la Argentina a la denominada “Junta de Paz” (Peace Board).
- Expediente 0950-D-2026: solicitud de información sobre la intervención dispuesta mediante la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
- Expediente 0951-D-2026: iniciativa para solicitar informes verbales al titular de ese organismo ante la comisión competente de la Cámara.
Según se consigna en los fundamentos del proyecto, ninguno de estos pedidos de informes había sido respondido por el Poder Ejecutivo Nacional al momento de la presentación. La falta de respuestas oficiales dificulta el ejercicio efectivo del control parlamentario e impide contar con información completa, precisa y verificable sobre los fundamentos de la intervención, los procedimientos aplicados y sus consecuencias.
Frente a esta situación, Araujo Hernández propone avanzar desde los requerimientos de información hacia una instancia de investigación integral que permita reunir, ordenar y contrastar los antecedentes disponibles.
La investigación propuesta deberá reconstruir las actuaciones administrativas que condujeron a la intervención y examinar los actos dictados, los antecedentes que los sustentaron, los informes técnicos y jurídicos disponibles y las decisiones adoptadas durante su ejecución. También deberá analizar las competencias de las autoridades nacionales, provinciales y municipales involucradas, así como las instancias de comunicación, participación y coordinación institucional que hubieran existido con el Gobierno de Tierra del Fuego.
En materia económica y laboral, se propone relevar información sobre los recursos administrados, las contrataciones, las inversiones, las condiciones de trabajo y la continuidad de las operaciones portuarias. La Comisión podrá convocar a autoridades provinciales y municipales, funcionarios nacionales, trabajadores portuarios, organizaciones sindicales, operadores del sector y especialistas en materia portuaria, logística, económica y jurídica, a fin de reunir información y contrastar las distintas perspectivas sobre la medida.
La iniciativa no presupone la existencia de irregularidades ni anticipa responsabilidades individuales. Su finalidad es esclarecer los hechos, determinar si las decisiones adoptadas se ajustaron al marco normativo aplicable e identificar eventuales deficiencias administrativas o responsabilidades políticas, sobre la base de elementos documentales y comprobables. El informe final deberá distinguir los hechos acreditados de aquellos que no hayan podido comprobarse y formular las conclusiones y recomendaciones que correspondan.
Con la presentación del proyecto 5527-D-2026, Araujo Hernández busca que el Congreso de la Nación asuma plenamente su responsabilidad de control sobre la intervención del Puerto de Ushuaia, luego de los reiterados pedidos de información que, según los fundamentos de la iniciativa, continúan sin respuesta del Poder Ejecutivo Nacional.
El objetivo es contribuir al esclarecimiento de los hechos, a la transparencia de la gestión pública y al respeto de las competencias del sistema federal argentino, preservando los intereses de Tierra del Fuego y la importancia estratégica del puerto para la logística antártica y la proyección nacional en el Atlántico Sur.
