GASTÓN DÍAZ ENDURECIÓ SU POSTURA CONTRA EL GOBIERNO PROVINCIAL: “SI NO TIENEN LOS FONDOS, EVIDENTEMENTE LOS GASTARON EN OTRA COSA”
RIO GRANDE.- El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, profundizó sus cuestionamientos a la administración del gobernador Gustavo Melella por la demora en el envío de fondos de coparticipación. Advirtió que la deuda provincial ya se ubica entre los 17.000 y 18.000 millones de pesos, denunció que los atrasos alcanzan los 45 días y no descartó avanzar con acciones judiciales. Además, dejó una fuerte definición política al señalar que la Provincia ya recibió de Nación los recursos reclamados por el Municipio.
La disputa por los fondos de coparticipación comienza a adquirir una dimensión política e institucional cada vez mayor en Tierra del Fuego. Las declaraciones del secretario de Gobierno, Gastón Díaz, reflejan un endurecimiento de la posición de la gestión de Martín Perez frente al Ejecutivo provincial, en un escenario atravesado por las dificultades económicas y las crecientes demandas sociales.
El funcionario explicó que, tras la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, se convocó a una reunión entre representantes del Ejecutivo municipal, el cuerpo deliberativo, el Tribunal de Faltas y el Tribunal de Cuentas para evaluar las medidas que permitan recuperar los recursos adeudados.
“Estamos reclamando fondos que la Provincia ya recibió de Nación”, remarcó Díaz, estableciendo una diferencia entre la caída de los ingresos nacionales y la demora provincial en distribuir los recursos que corresponden a los municipios.
En ese sentido, sostuvo que la deuda representa actualmente unos 45 días de atraso, una situación que consideró especialmente grave al compararla con los plazos que habían sido aceptados años atrás.
Incluso introdujo una comparación de fuerte contenido político: aseguró que semejante demora no la había sufrido el propio Gustavo Melella cuando ejercía la intendencia de Río Grande.
La posibilidad de llevar el conflicto a la Justicia, Uno de los aspectos más relevantes de sus declaraciones fue la posibilidad de avanzar judicialmente contra la Provincia si no se encuentra una solución por la vía administrativa.
Díaz explicó que la mesa institucional permitirá analizar los reclamos realizados hasta el momento y definir si corresponde iniciar nuevas acciones. “Esto no es judicializar la política”, afirmó, al sostener que se trata de exigir la transferencia de fondos que, según su interpretación, pertenecen legítimamente a los municipios.
La eventual intervención judicial representaría una nueva escalada en la relación entre las administraciones de Perez y Melella, trasladando una disputa financiera al terreno institucional.
Los salarios están garantizados, pero la crisis afecta la gestión, El secretario de Gobierno también dejó en claro que, por el momento, los salarios municipales no están en riesgo. Sin embargo, reconoció que esa garantía tiene un costo importante para el funcionamiento del Estado local.
Según explicó, el Municipio prioriza reunir los recursos necesarios para afrontar los haberes, mientras posterga obligaciones con proveedores y ve limitada su capacidad para ejecutar obras, sostener subsidios al transporte público y ampliar la asistencia social.
También advirtió que la falta de fondos condiciona las negociaciones paritarias con los trabajadores municipales. De esta manera, el conflicto deja de ser exclusivamente una discusión entre administraciones y comienza a proyectarse sobre los servicios y las respuestas que el Municipio puede brindar a los vecinos.
Una acusación que profundiza la tensión política, El momento más contundente de la entrevista llegó cuando Díaz fue consultado sobre las explicaciones que ofrece el Ministerio de Economía provincial respecto de los atrasos.
El funcionario aseguró que desde la Provincia argumentan que no cuentan con los recursos suficientes, pero cuestionó esa explicación. “Si ellos no tienen los fondos que Nación mandó para los municipios, bueno, evidentemente los han gastado en otra cosa”, expresó.
La afirmación constituye uno de los cuestionamientos políticos más severos del funcionario hacia la administración provincial, al poner bajo discusión el destino de recursos que, según sostiene, ya ingresaron a las arcas fueguinas.
No obstante, Díaz también manifestó que el intendente Martín Perez mantiene su disposición a reunirse con el gobernador Gustavo Melella para encontrar una salida al conflicto y reducir los días de atraso.
Un conflicto financiero con consecuencias políticas, Más allá de los números, la controversia expone una creciente tensión entre dos administraciones que deberán responder ante una sociedad golpeada por el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para llegar a fin de mes.
En ese contexto, Díaz buscó responder a quienes consideran que el reclamo por la coparticipación constituye una disputa meramente política. Reconoció que las principales preocupaciones de los vecinos pasan por el trabajo, la alimentación y las posibilidades de progreso de sus familias, pero sostuvo que esas urgencias no eximen a los funcionarios de defender los recursos públicos.
La discusión, por lo tanto, plantea un interrogante que trasciende las diferencias entre Perez y Melella: ¿hasta dónde podrá sostener Río Grande sus obligaciones y servicios si continúan acumulándose los atrasos en los fondos que reclama a la Provincia?
Por ahora, la gestión municipal mantiene abierta la posibilidad del diálogo, aunque el tono de las declaraciones de Díaz deja en evidencia que la paciencia política comienza a agotarse.
