MALVINAS: LA JUSTICIA FEDERAL DE RÍO GRANDE AVANZA EN UNA DEMANDA POR MÁS DE US$ 26.000 MILLONES CONTRA LA PESCA ILEGAL
La jueza federal Mariel Borruto reconoció la competencia de su juzgado para intervenir en una causa por presunto daño ambiental y explotación irregular de recursos pesqueros en el Atlántico Sur. La demanda alcanza a empresas extranjeras y sociedades vinculadas a la actividad en Malvinas. La Fiscalía pidió frenar las operaciones denunciadas.
RÍO GRANDE.– La Justicia Federal de Río Grande dio un paso significativo en una causa vinculada con la explotación de recursos pesqueros en las Islas Malvinas, al admitir su competencia para intervenir en una demanda que contempla un reclamo económico de hasta 26.465 millones de dólares por presuntos daños ambientales, económicos y sociales.
La presentación fue impulsada por César Lerena, especialista en asuntos pesqueros y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, en una acción promovida por la Fundación Agustina Lerena.
La jueza federal Mariel Borruto reconoció la competencia del tribunal y la legitimación de los demandantes, aunque determinó que el expediente deberá tramitar mediante un proceso ordinario y no como una acción de amparo.
Buscan frenar la explotación pesquera en Malvinas, La denuncia apunta contra empresas españolas, sociedades vinculadas con capitales isleños y otras compañías presuntamente relacionadas con la explotación de recursos pesqueros bajo licencias otorgadas por la administración británica de las Islas Malvinas.
Según los denunciantes, estas operaciones se desarrollan sin autorización del Estado argentino desde 1989 y afectan especies que forman parte de un ecosistema compartido con la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Uno de los aspectos más relevantes es la posición del fiscal federal Marcelo Rapoport, quien dictaminó favorablemente sobre la admisión de la demanda y recomendó conceder una medida cautelar destinada a detener las actividades pesqueras cuestionadas.
El representante del Ministerio Público advirtió sobre un presunto daño ambiental profundo y potencialmente irreversible en el Atlántico Sur.
Un reclamo económico multimillonario, La demanda calcula perjuicios económicos de entre 12.351 y 26.465 millones de dólares, tomando como referencia las capturas pesqueras realizadas entre 1989 y 2025.
El reclamo comprende la explotación de especies como el calamar Loligo y el Illex, recursos de enorme importancia comercial para las flotas que operan en el Atlántico Sur.
Además de las empresas pesqueras, la presentación alcanza a otras firmas presuntamente vinculadas con las operaciones, entre ellas entidades financieras, aseguradoras, astilleros y proveedores de servicios.
La decisión que todavía debe tomar la Justicia, Aunque la resolución judicial representa un avance para los impulsores de la demanda, todavía resta una definición fundamental: determinar si corresponde dictar una medida cautelar que ordene suspender las actividades de las empresas denunciadas.
La magistrada aún no se pronunció sobre la responsabilidad de las compañías ni sobre la reparación económica solicitada.
La causa incorpora argumentos relacionados con la protección ambiental, la legislación pesquera argentina y la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, en el marco de la histórica controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
