AUDITORÍAS, ADVERTENCIAS Y FONDOS BAJO LA LUPA: LOS ARGUMENTOS DE NACIÓN PARA INTERVENIR EL PUERTO
RIO GRANDE.- La intervención del Puerto de Ushuaia fue el desenlace de meses de advertencias y observaciones técnicas que no fueron corregidas, según explicó la legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, al referirse a la decisión adoptada por el Gobierno nacional.
Desde Nación sostienen que la medida respondió a falencias acumuladas en la administración portuaria, detectadas a partir de auditorías y controles que revelaron problemas estructurales, deficiencias operativas y un manejo financiero cuestionado.
De acuerdo a lo expuesto por la parlamentaria, uno de los puntos centrales que motivó la intervención fue el estado de la infraestructura, con deterioros visibles en sectores del muelle comercial. En particular, se advirtieron desgastes severos en áreas clave, lo que encendió alertas sobre la seguridad y el funcionamiento del puerto.
El análisis financiero también ocupó un lugar relevante. Las auditorías habrían constatado que recursos propios del puerto fueron utilizados para asistir al Gobierno provincial, a través de convenios con distintos ministerios. En ese marco, se detectaron transferencias millonarias que, según lo informado, superarían los cinco mil millones de pesos, destinados a áreas ajenas a la operatoria portuaria.
Gracianía indicó que estas situaciones fueron comunicadas con antelación a las autoridades provinciales, que contaron con un plazo cercano a los seis meses para realizar correcciones. Sin embargo, al no haberse revertido las observaciones, se avanzó con la intervención como mecanismo de control y reordenamiento.
Respecto al impacto laboral, desde Nación aseguraron que existen fondos disponibles para garantizar el pago de salarios, y que la situación de los trabajadores no se vería afectada por la medida. Además, aclararon que los recursos recaudados durante la intervención no serán transferidos fuera del puerto, sino destinados exclusivamente a inversiones y obras necesarias.
Finalmente, la legisladora afirmó que la intervención tiene carácter técnico y financiero, con el objetivo de normalizar la administración, transparentar el uso de los fondos y adecuar el puerto a los estándares exigidos por el sistema portuario nacional, descartando que se trate de una apropiación del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional.
